Acostado paralizado en su cama de hospital, Jorge Gonzalez vio el video de la policía arrodillada sobre el cuello de George Floyd. “Ellos me hicieron eso”, luchó por decirle a su hermana entre lágrimas.
Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Hidalgo le rompieron el cuello al residente de Monte Alto de 23 años el fin de semana de Pascua de 2020. Murió de complicaciones de sus heridas el 15 de julio.
La lucha de Jorge Gonzalez por aferrarse a la vida y su muerte final se desarrolló como la muerte de George Floyd desató un verano de levantamientos que exigieron que nuestros gobiernos desfinanciaran a la policía e invirtieran en las comunidades.
Las similitudes entre el caso de George Floyd y el de Jorge con la policía no pasaron desapercibidas para la familia de Jorge.
“Todavía recuerdo estar en el hospital con mi hermano viendo las noticias cuando surgió el caso de George Floyd”, recuerda Katia Gonzalez un año después. “Mi hermano rompió en lágrimas tratando de decir que eso es lo que le pasó. Nunca olvidaré las lágrimas y el miedo que vi en su rostro”.
Si bien las protestas llevaron a la rendición de cuentas por el asesino de George Floyd el mes pasado, el Valle del Río Grande todavía está esperando este primer paso para abordar un problema que va mucho más allá del caso de Jorge. A pesar de la abogacía de la familia, el fiscal de distrito del Condado de Hidalgo, Ricardo Rodríguez, concluyó en silencio la investigación de su departamento. En agosto, un gran jurado se negó a presentar cargos. El Sheriff Eddie Guerra hasta el momento no ha despedido a los agentes y funcionarios de la cárcel que mataron a Jorge. A medida que la nación evalúa el progreso vacilante desde el asesinato de George Floyd, es hora de que exijamos la acción de nuestros líderes locales.
Jorge era indocumentado y trabajaba cosechando repollo y sandía. No ganaba mucho, pero mantenía a su joven esposa y su hijo pequeño. Los fines de semana, le gustaba hacer carne asada para su familia.
La noche de su asalto por los ayudantes del sheriff, Jorge y su esposa asistían a una carne asada de Pascua en la casa rodante de un amigo en Monte Alto. Se quedaron hasta tarde después de hacer arreglos para quedarse a dormir. Jorge bebió y se quedó dormido en el jardín de su amigo.
Los agentes llegaron haciendo cumplir la orden de quedarse en casa del condado. Los oficiales lo despertaron, lo hicieron tropezar, lo pisaron y se arrodillaron sobre su cuello, rompiéndolo.
Según los investigadores, Jorge les dijo a los agentes que no podía moverse. Suplicó ayuda. “No estoy respirando”, dijo, haciéndose eco de las palabras de George Floyd.
En lugar de tratar sus heridas, los funcionarios de la cárcel intentaron encubrirlas. En una inquietante foto de la reserva, los agentes sostienen su cabeza en su lugar, mostrando bultos donde los agentes le rompieron el cuello.
No es una coincidencia que la interacción más mundana, una que la oficina del sheriff ni siquiera debería haber estado manejando, se volvió mortal.
Una investigación de ProPublica y el Texas Tribune muestra que el caso de Jorge no fue ni aislado ni aleatorio. La policía desplegó esposas y talonarios de boletos miles de veces en algunas de las comunidades más pobres del Valle del Río Grande, repartiendo multas de hasta $1,300 para hacer cumplir las órdenes de quedarse en casa.
Los legisladores han saturado el Valle del Río Grande con policías. Esta militarización de la frontera ha significado que los residentes latinos pobres vivan con el temor constante de ser detenidos por las fuerzas del orden que vigilan nuestro movimiento de una manera que otros tejanos no experimentan. ProPublica descubrió que la policía del Valle utilizó las órdenes de quedarse en casa como pretexto para más paradas y arrestos. Las fuerzas del orden en comunidades más grandes, más ricas y más blancas como Austin y San Antonio se abstuvieron de utilizar las órdenes para criminalizar a los residentes.
Los residentes del Valle del Río Grande que tomaron las calles para protestar por el asesinato de George Floyd inspiraron a la familia de Jorge. Llamaron a La Unión del Pueblo Entero, donde Jorge y su hermana eran miembros. LUPE y Divest / Invest RGV han estado trabajando con la familia para luchar por la justicia desde entonces.
Al ignorar estas demandas y negarse incluso a despedir o acusar a los oficiales, el Sheriff Eddie Guerra y el fiscal de distrito Rodriguez enviaron un mensaje de que la muerte de Jorge era aceptable. Que la vida de un padre joven es un sacrificio apropiado para mantener un sistema policial que no brinda seguridad a las comunidades rurales pobres.
Este 30 de mayo, Jorge habría cumplido 24 años. Su hijo, Jason, crecerá sin un padre. Y su madre, hermana y esposa siempre sentirán un vacío donde solía estar su sonrisa y calidez.
“Era tan joven”, dice Katia. “Es desgarrador cómo las personas que se supone que deben protegernos de los delincuentes son los propios delincuentes”.
No es una coincidencia que las protestas de Black Lives Matter hayan inspirado a las familias latinas de víctimas de la brutalidad policial a alzar la voz. Sabemos que la vida de Jorge no les importaba a estos agentes ni al sistema policial que representan. Sabemos que la vida de los residentes rurales pobres de RGV como Jorge no importará realmente hasta que ganemos sistemas de seguridad pública que afirmen las vidas negras y todas las vidas. Podemos dar pasos hacia ese futuro exigiendo que se despida a los asesinos de Jorge y que la oficina del Sheriff rinda cuentas a la comunidad.